El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, más conocido como TTIP por sus siglas en inglés, viene negociándose entre gobiernos, con la participación de grandes corporaciones, a espaldas de la ciudadanía: ni los documentos de negociación, ni la contribución de los distintos actores, las agendas o las reuniones con la industria son públicos.
Lo que ha trascendido de las negociaciones, en las que no han sido llamados representantes de los trabajadores o de las organizaciones de consumidores, resulta enormemente preocupante.
Estados Unidos pretende que las empresas puedan denunciar a los Estados si aprueban una ley que perjudique a la actividad empresarial de libre comercio que se hubiera aprobado anteriormente. En virtud de las “provisiones de disputas inversor-estado” o “capítulo de protección de las inversiones” se estipula que las empresas puedan desafiar cualquier decisión legislativa o judicial de un estado que entiendan que perjudica sus inversiones económicas y negocio. Esto significaría dar un nuevo derecho y poder a las multinacionales para denunciar ante un “tribunal comercial transatlántico” de nueva creación a cualquier ley o decisión judicial de carácter social, ambiental o sanitario. Cualquier estado miembro de la Unión Europea puede ser denunciado si las empresas consideran que pone en peligro sus beneficios esperados. Así, las empresas USA podrían obligar a unas compensaciones económicas masivas si el nuevo tribunal comercial transatlántico les da la razón en torno a que sus inversiones económicas pueden dañarse o no gozan de “suficiente seguridad.” Asímismo, el Tratado prevé que si algún Estado refuerza sus normas sanitarias podrá ser demandado por las empresas en estos tribunales de arbitraje privados (llamados ISDS).
Otra de las demandas claves de las patronales en todas las negaciones comerciales ha sido garantizar que un servicio privatizado pueda ser remunicipalizado y que la compra pública (contratos de gobiernos locales, autonómicos, estatales) sean abiertos a la competición global, especialmente de cara a los recientes programas económicos que pretenden favorecer contratos con pequeñas empresas locales frente a las empresas multinacionales como una vía de apoyar las economías locales para recuperarse de la crisis financiera, poniendo en riesgo los criterios de apoyo a la compra local o los avances que se puedan realizar en materia de clausula social o compra ética.
La actividad agrícola y ganadera que se desarrolla en España y la UE también se verá afectada. Por ejemplo, aunque la UE no permite legalmente la carne con hormonas, ni los pollos tratados con un elemento tóxico como es el cloro, ni los piensos transgénicos, ni los cerdos criados en jaulas de hacinamiento en batería, la UE sí reconocerá globalmente la seguridad alimentaria de la carne estadounidenses para que pueda tener un acceso libre al mercado europeo y llegar a sus tiendas y consumidores. En el caso del campo, éste tendrá que enfrentarse a la entrada de productos alimentarios fuertemente subvencionados. Por otro lado, las producciones procedentes de terceros países que no cumplen con las exigentes normativas europeas en materia laboral, social, ambiental, etc…, provocan un desequilibrio evidente en el mercado europeo y una competencia desleal para los productores agrarios comunitarios, ya que las importaciones no juegan con las mismas condiciones de legalidad y lealtad que todos los agentes del mercado europeo. Es obvio que esta situación se traducirá en pérdida de competitividad de nuestro sector agropecuario y/o pérdida de derechos laborales, sociales, ambientales y de seguridad alimentaria.
Además, podría producirse una clara vulneración y un perjuicio de los derechos de los ciudadanos comunitarios como consumidores, en lo que concierne a la veracidad de la información contenida en el etiquetado de los productos respecto a la procedencia de los mismos habida cuenta de las diferencias existentes en esa materia entre los EEUU y la UE.
Por todo ello el Grupo Municipal de Cambiar Monzón somete al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
1. El Ayuntamiento de Monzón declara a su municipio contrario a la aplicación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), no acepta ni sus principios ni objetivos y se muestra comprometido en la defensa de los servicios públicos básicos para mantener la cohesión y redistribución social. 2. El Ayuntamiento de Monzón, insta al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España, a que se comprometa con la transparencia y la información, propiciando conferencias y debates a todos los niveles ciudadanos al objeto de informar detalladamente a la ciudadanía de las consecuencias de este futuro tratado.
3. El Ayuntamiento de Monzón, solicita al Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares, con el objetivo de conseguir: